Traficantes amenazan selva de Honduras
Tráfico de caoba amenaza el mayor reducto de bosques tropicales de Centroamérica
Honduran solders and officials of the Ministerio Publico de Honduras. Photo courtesy of the Ministerio Publico de Honduras.
22 de Mayo, 2007
Brus Laguna, Honduras — En su oficina a medio construir en una choza de madera, Snyder Paisano, uno de los seis técnicos forestales que protegen las 800,000 hectáreas de la Biosfera de Río Plátano, en la selva hondureña, enumera sus recursos para combatir a los traficantes ilegales de madera: dos mesas, dos sillas, una lancha con un motor roto y una computadora sin baterías.
“Me siento mal y he expresado ese sentir a mis jefes”, asegura Paisano, un indígena misquito de 35 años, originario del pueblo de Brus Laguna, en el noreste de Honduras.
Pocos días antes, el presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, había visitado ese pueblo para inaugurar un canal. Paisano y los líderes indígenas le habían escrito una carta pidiéndole ayuda para frenar la destrucción ecológica, pero Zelaya se fue poco después de posar para los periodistas de la capital, y nunca pudieron darle la carta.
Paisano y los líderes indígenas explican que durante los últimos cuatro años han visto florecer con impotencia el tráfico ilegal de madera de caoba y el narcotráfico, que están acabando con el mayor reducto de bosques tropicales de Centroamérica, considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO y donde viven más de 40,000 indígenas.
Aunque el nuevo gobierno de Zelaya despachó el año pasado a 100 militares a la Biosfera para ayudar en tareas de control, la presencia institucional es insuficiente, aseguran.
“Aquí estoy yo y cuatro militares, que colaboran, pero poco”, dice Paisano.
Desde 1996, UNESCO mantiene la Biosfera en su lista de lugares “amenazados”. Un estudio de 1999, encargado por el Congreso, indicó que la Zona de Amortiguamiento de 200,000 hectáreas, que envuelve y protege la Zona Núcleo, donde no se permite la presencia humana porque allí habitan las especies más valiosas, estaba totalmente talada y quemada.
Delbert Bendles, uno de los líderes misquitos que escribió a Zelaya, asegura que los taladores ilegales han entrado en la Zona Núcleo: “Entran por todos lados, por el núcleo incluso, es un ir y venir constante”.
Das Gerson, el técnico forestal de Palacios, una localidad cercana a Brus Laguna, que linda con el valle de Sico-Paulaya, una de las principales rutas del tráfico de madera, recuerda que cuando llegó el año pasado a dicha oficina había “un vigilante y una aseadora”. “Como no había nadie, la gente cortaba sin importarle nada”, explica.
Gerson dice que la situación de Biosfera “es crítica”, pero es poco lo él puede hacer. En una región donde alquilar una avioneta para sobrevolar la selva cuesta unos $150 la hora, el técnico cuenta con un presupuesto mensual de unos $50, que muchas veces no le da ni para cubrir la comida en una inspección.
“Allí donde voy, debo la vida”, afirma. “Llego a una comunidad, y como no tengo dinero para comer, tengo que regresarme porque la gente no me conoce y no me fía”.
Enrique Flores, el ministro asesor de la Presidencia, asegura que el gobierno ha destinado durante los últimos dos años unos $5.3 millones anuales para la protección de los bosques, “una de nuestras prioridades”, pero los fiscales de Medio Ambiente dicen que sufren también la falta de recursos, con el agravante de que deben llevar escolta en las inspecciones porque son amenazados por los traficantes de madera.
Los fiscales son tiroteados
El fiscal de Medio Ambiente Aldo Santos afirma que cuenta con sólo seis fiscales para combatir la tala ilegal y otros delitos en un país cuya mitad de su superficie está cubierta por bosques (unos 6 millones de hectáreas).
“Los taladores ilegales tienen teléfonos satelitales; nosotros tenemos radios que apenas cubren 10 kilómetros y, en determinados momentos, no hay ni cobertura”, asegura el fiscal, quien dice que sus empleados han sido tiroteados por traficantes de madera.
Santos dice que la corrupción en la policía y la agencia forestal Cohdefor, creada en los años 70 para regular la explotación de los bosques, ha agravado el problema de deforestación en la Biosfera permitiendo que se corte el triple de madera de caoba que la autorizada al año por el gobierno (15,000 m3).
Numerosos empleados de Cohdefor han sido procesados por delitos ambientales, favorecer a las empresas madereras y otras irregularidades.
“En mi tiempo se procesaron tres gerentes de Cohdefor por irregularidades de todo tipo”, afirma Clarisa Vega, Fiscal Ambiental desde 1994 al 2003.
Fito Steiner, presidente de la Fundación Pico Bonito, una ONG ambientalista, explica que los bajos sueldos de los policías y los agentes forestales, unos $260 y $450 respectivamente, y las dificultades del trabajo, les hacen presa fácil de los sobornos o “mordidas”.
“La mayoría lo hace por necesidad, para comer. La gente que les deja $50,000 lempiras ($3,200) ese es el problema”, afirma Steiner.
Miembros de las cooperativas de la Biosfera, que extraen caoba con permiso del gobierno, dicen que les da miedo denunciar a los taladores ilegales ante las autoridades porque no se fían de ellas. Adan Ramos, presidente de una de las cooperativas del valle Sico-Paulaya, afirma que cuatro personas han sido asesinadas en los últimos tres años en esa región por denunciar talas ilegales. “Uno de ellos fue a hacer una denuncia a Cohdefor y, cuando regresaba a su casa, lo mataron por el camino”, dice.
Helmut Dotzauer, director de un proyecto alemán que ayuda al gobierno hondureño en la conservación de la Biosfera, con un presupuesto anual de unos $2.7 millones, dice que la Zona Núcleo está “prácticamente intacta” y que la deforestación anual en la Zona de Amortiguamiento y Cultural ha pasado de unas 5,000 hectáreas cuando comenzó el proyecto en 1997 a menos de 3,000 en años recientes, “pero la tala ilegal es un problema que no hemos superado”.
Empresas de EE.UU. acusadas
Una gran parte de la caoba talada ilegalmente en Honduras es exportada a EE.UU., por lo que los grupos ambientalistas señalan a las grandes empresas de muebles norteamericanas como las principales responsables del desastre ecológico.
En noviembre pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente confiscó más de 80 m3 de caoba ilegal (con un valor superior a los $94,000) en las instalaciones de Millworks International, una de las dos principales exportadoras de caoba a EE.UU., en San Pedro Sula.
La empresa Marvin Windows & Doors de Minnesota, a quien pertenece Millworks International, dijo en un comunicado que ésta no ha incumplido la ley porque ningún empleado suyo autorizó la entrega de la caoba. La compañía de Minnesota asegura que ha sido testigo “de varios intentos de falsificación de documentos por los suministradores” en Honduras y han pedido ayuda a la embajada de EE.UU. para distinguir a los vendedores ilegítimos.
Un empleado de la fiscalía ambiental, que rehusó ser identificado, afirma que algunas empresas exportadoras saben que están comprando madera ilegal, ya que algunos estudios estiman que hasta un 85% de la caoba en el mercado hondureño es ilegal.
“He visto cargamentos de caoba llegar a sus instalaciones y con su capacidad industrial, rapidito lo transforman en muebles”, dijo este empleado.
Aunque el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) establece que la caoba tiene que ser exportada con un permiso que garantice su extracción legal y sostenible, este permiso sólo es necesario para madera aserrada no para muebles. Las compañías que venden en EE.UU. exportan puertas, ventanas y muebles. Una puerta de caoba puede costar más de $3,000 en el mercado norteamericano.
Merardo Caballero, quien coordina un programa de Rainforest Alliance que busca abrir un mercado en EE.UU. para las 12 cooperativas de la Biosfera, dice que Millworks International no quiere comprarles caoba “porque le compra a los coyotes”. Caballero dijo que una gran parte de la madera de los coyotes o intermediarios, como es ilegal, “es más barata”.
Ricardo Wood, un miembro de la cooperativa indígena de Brus Laguna, explica que como la madera ilegal satura el mercado, suelen obtener $1.5 por medio metro cúbico de caoba, porque los traficantes lo venden a 50 centavos.
Paisano, que ha tratado de ayudar a esta cooperativa, se mostró pesimista por su futuro, pero no sólo por los “precios raquíticos”, sino porque calcula que en 15 años “quizás menos, no va a haber caoba que cortar”.
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